La judicialización de las actuaciones en el suelo no urbanizable difumina en exceso la línea entre la esfera administrativa y jurisdiccional, y dentro de ésta entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la penal. Las infracciones e ilegalidades del ordenamiento jurídico urbanístico encuentran respuesta no solo en el Derecho Administrativo sino por también por el Derecho Penal.
El tipo penal busca proteger la Ordenación del Territorio; expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad entre cuyos objetivos fundamentales está el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio.
La Ordenación del Territorio se trata así de un bien jurídico comunitario de los denominados "intereses difusos" pues no tiene un titular concreto, sino que su lesión
perjudica -en mayor o menor medida- a toda una colectividad. Su protección -entiende la doctrina más autorizada- se inscribe en el fenómeno general de incorporación a la protección penal de intereses supraindividuales o colectivos y que obedece a la exigencia de intervención de los Poderes Públicos para tutelar estos intereses sociales, en congruencia con los principios rectores del Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución.
MODULO 1: 30H
1.- INTRODUCCIÓN. EL DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. EL BIEN
JURÍDICO PROTEGIDO
2.- EL TIPO AGRAVADO Y EL TIPO ATENUADO DEL DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
3.- CRITERIOS PARA ACORDAR LA DEMOLICIÓN ILEGAL DE LA OBRA TRAS CONDENA POR
ART. 319 CP. EL DECOMISO DE LAS GANANCIAS
4.- LAS PERSONAS PENALMENTE RESPONSABLES
MODULO 2: 10H
5.- LA PREVARICACIÓN URBANÍSTICA
Empleados/as de la Administración Local andaluza